Seguridad juridica para aumentar el ingreso

Por Enrique Blasco Garma
Ambito Financiero, 2005

Aunque parezca sorprendente, existen opiniones encontradas acerca de la seguridad jurídica. Es más, algunos arriesgan que la seguridad jurídica no es importante pues señalan que países con una justicia precaria reciben grandes inversiones. Los economistas imbuidos en el modelo neoclásico no la ponderan. Pero, una vez que nos sacudimos las limitaciones de dicho modelo, e incorporamos la escasez de conocimientos, resulta que la productividad del trabajo depende de la coordinación de las actividades con un conjunto de personas, de cuyo comportamiento depende nuestro ingreso y satisfacción. Como resultado de esa interdependencia, nuestras decisiones se basan en expectativas acerca de las posibles acciones de aquellos que influyen en los ingresos y costos de nuestra actividad. En particular, de los riesgos de sufrir pérdidas o daños inesperados, interferencias e incumplimientos. Cuando compramos una casa, la valoramos según las expectativas de que el estado conserve un orden social y nos proteja de intrusos y delincuentes, la municipalidad mantenga las calles iluminadas, limpias y transitables, los impuestos sean razonables, los vecinos guarden cierto comportamiento, nuestros ingresos y los de toda la sociedad sigan cierta previsión.
La confianza en aventar riesgos está condicionada por la calidad del entramado institucional que establece derechos individuales de acción. En otras palabras, los planes que podemos hacer serán más o menos precisos, abarcadores y fundados según el orden institucional que encauza los comportamientos de todos aquellos que inciden en el resultado de nuestras decisiones. De tal modo, el orden institucional distingue a las naciones y, también, a las empresas. Las organizaciones que consiguen hacerse más previsibles, frente a su personal y al resto de la clientela, generan mayores recompensas.
Seguridad jurídica es entonces la previsibilidad del resultado de nuestras decisiones, apoyada en un entramado institucional. En el que no sólo incide la organización de la justicia si no también los demás poderes del estado y componentes del entramado, como ideologías, culturas, familias, empresas, asociaciones, infraestructura, educación, etc. Cada uno de tales entes debe desbrozar de obstáculos e interferencias evitables la actividad de cada persona[1].
Efectos de la seguridad jurídica. Es fácil comprobar el rol de la seguridad jurídica. Las naciones más confiables facilitan la rentabilidad de las actividades, generan la mayor parte del ingreso del planeta y atraen los mayores recursos. Se agrupa todas las naciones en tres categorías: PAÍSES SEGUROS - PAÍSES DE RIESGO MEDIO - PAÍSES MÁS RIESGOSOS. En las que mejor resguardan las decisiones, la vida y patrimonios individuales, la gente obtiene mayores recompensas.
Los países seguros promedian un ingreso de casi 37.000 dólares por habitante; con apenas el 14% de la población mundial consiguen el 74% de los ingresos. En el polo opuesto, las naciones más riesgosas promedian 1.300 dólares por habitante; con un 75% de la población mundial apenas logran el 14% de los ingresos. los paises de riesgo medio promedian un ingreso de 7.800 dolares por habitante. No obstante la opinión de algunos, los recursos planetarios se vuelcan masivamente a las regiones seguras. Este grupo comprende las naciones escandinavas, Europa Occidental, EE.UU., Japón, Australia y Canadá. El de los más riesgosos abarca la mayoría de Asia, África y Latinoamérica. En este grupo, China está haciendo grandes progresos para afianzar las expectativas en la toma de decisiones individuales y ascender al grupo de riesgo medio.
El desbalance mundial en cuanto a riesgos en la toma de decisiones es claro. Los habitantes de los países más seguros ganan ingresos desproporcionadamente superiores porque la previsibilidad del entorno se traduce en cadenas de valor, en asociaciones y combinaciones inmensamente más creativas que las de las naciones riesgosas. Su accionar está más liberado de obstáculos e interferencias evitables. Sus derechos individuales de decisión son más valiosos, porque están mejor delineados. Por ello, su ingreso es mayor. En cambio, donde reina la incertidumbre aparecen interferencias evitables; la consecuencia es la pobreza de las asociaciones. Las sociedades riesgosas se dedican preferentemente a las actividades primarias porque el accionar humano les resulta más incierto que la naturaleza.
Un mecanismo de resolución de conflictos. La estabilidad de las reglas de juego efectivamente aplicadas en la resolución de conflictos – seguridad jurídica- es el mayor soporte para el crédito y progreso de los pueblos. Porque permite desarrollar las combinaciones y asociaciones más creativas y abarcadoras, al atenuar los riesgos de incumplimiento o de interferencia. La gente es la que decide en lugar de los que aplican las normas. Entonces, la seguridad jurídica se traduce en la estabilidad de las reglas de juego por sobre los intereses circunstanciales y fines particulares.
La cuestión central es cómo se resuelven los conflictos que permanentemente enfrentan las personas en sus actividades. El cuadro presentado resalta que la mayoría de la humanidad los resuelve privilegiando los fines de unos por sobre los de otros, poder ejercido por los que aplican las normas. Ese favoritismo, ya sea basado en la fuerza, ideologías o afinidades, se traduce en el reglas distintas para cada caso particular, generando la real desigualdad de oportunidades. Esa capacidad de favorecer a determinados sectores o actores, modificando las normas, constituye la fuente de poder político transitorio que nutre al populismo. Tal forma de resolución de conflictos no favorece la búsqueda de las ventajas mutuas del conjunto de la comunidad. Por ello, las sociedades que aplican el procedimiento de favorecer los fines de unos sobre los de otros se tornan menos competitivas y se retrasan.
En cambio, las sociedades prósperas están concretando las ventajas de aplicar reglas de juego estables por sobre los intereses divergentes. Y de esa forma desarrollan las ventajas mutuas de la complementariedad de las personas y la coordinación de sus actividades. Procedimiento que se facilita con la ausencia de tolerancia a los que interfieren en las decisiones individuales. La máxima aplicable es: El fin no justifica los medios. Los fines individuales son personales y, por lo tanto, no necesitan negociarse ni deben imponerse. En cambio, los medios de alcanzar tales fines son comunes y su empleo debe negociarse. El uso más valioso de tales medios se logra con transacciones enmarcadas en reglas estables y generales. El que, en ese ambiente, ofrece más a cambio decide su empleo. El costo de oportunidad guía la asignación de recursos; el ingreso se maximiza. Para el estado ningún fin individual debe ser superior a otro; debe mantenerse neutral respecto de los fines de unos y otros. Entonces, la seguridad jurídica es, en el fondo, un método de resolución de conflictos. Frente a los antagonismos y visiones particulares, reglas estables de actuación y medición para encontrar el uso más productivo. En tanto las reglas sean previsibles, los agentes tienen mayor conocimiento; están sujetos a menores arbitrariedades, costos de transacción e interferencias inesperadas. Pueden aumentar el crédito o la confianza en las asociaciones con otros, explorar nuevas combinaciones y conseguir mayor rentabilidad.
[1] “La Riqueza de los Países y su Gente”, Ed. Lumiere.